JUZGADO DE FAMILIA DE II NOMINACIÓN DE CORDOBA
Tema: Nulidad de acuerdo de división de bienes de una unión convivencial, por estar viciada la voluntad ante hechos de violencia de género.

AUTO 119

Córdoba, tres de abril de dos mil veinticuatro.– Y VISTOS: Estos autos caratulados “O., G. C.C/ P. R., P. A. – ORDINARIO – OTROS” (EPXTE. N° -) de los que resulta que:

1) El 25/10/2021 comparece G. C. O., con el patrocinio de F.A.L. y O.D.P. e interpone ante la justicia Civil y Comercial de esta ciudad “DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – DAÑOS Y PERJUICIOS” en contra de P. A. P. R. . Dice que realizaron con la demandada un acuerdo extrajudicial de división de bienes el 08/09/2017 y que en virtud del cual, en la cláusula Primera-a) P. R. se obligaba a pagar setenta (70) cuotas iguales y consecutivas de ochocientos cuarenta (US$ 840) dólares estadounidenses (billetes). La primera cuota debía ser abonada el 10/01/2018, pero que en abril del 2021, recibió una carta documento de la demandada en la que manifestaba que dejaría de pagar y solicitaría la nulidad del acuerdo. Relata que luego del intercambio epistolar y habiendo continuado el incumplimiento contractual, iniciaba la presente acción. Ofrece prueba documental, informativa y confesional.

2) El 15/11/2021 el Juzgado Civil y Comercial de 28° Nominación de esta ciudad, proveyó: “a mérito de los términos que surgen de la demanda adjuntada y lo dispuesto por el art. 16 inc. 3° de la Ley 10.305 en forma previa a proveer lo que por derecho corresponda, dese intervención y córrase vista al Ministerio Público Fiscal a los fines que se expida sobre la competencia del Tribunal”.

3) El 02/12/2021 la Fiscal Civil, Comercial y Laboral de 2° Nominación realizó su dictamen y el 03/12/2021 el Juzgado Civil y Comercial resolvió no avocarse al conocimiento de las actuaciones y remitirlas al Tribunal del Familia que resulte asignado. Fundamenta su decisión en que “conforme surge de las constancias de autos se acciona por cumplimiento de un convenio de liquidación de la unión convivencial habida entre actor y demandado, cuya competencia material ha sido asignada al Fuero de Familia, de conformidad a lo prescripto por el art. 16 inc. 3° de la Ley 10.305”.

4) El 18/03/2022 me aboqué al conocimiento de la causa.

5) El 10/04/2023 comparece G. C. O., con el patrocinio los Abs. F. A. L. y O. D. P. y solicita la homologación del acuerdo celebrado con P. A. P. R., a los fines de su posterior ejecución.

El convenio es el siguiente:

“FORMULAN ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE DIVISIÓN DE BIENES”.

Entre la Sra. P. A. P. R., argentina, mayor de edad, quien acredita su identidad con el D.N.I número –—–, con domicilio real en calle –––— B° Altos de Villa Cabrera, de la ciudad Córdoba, por una parte; y por la otra el Sr. G. C. O., argentino, mayor de edad, quien acredita su identidad con el D.N.I número ––––-, con domicilio real en calle ––—–-, de la ciudad de Córdoba, en forma voluntaria, convienen en celebrar el presente acuerdo de disolución y división de bienes de la unión convivencial conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial y a las siguientes clausulas:

PRIMERO: Las partes manifiestan que los bienes que integran la sociedad conyugal se enumeran a continuación, y han sido oportunamente, valuados nominativamente de común acuerdo, incluso con participación profesional de su confianza a saber:

· Mejoras realizadas en la casa ubicada en calle ––—- B° Altos de Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, el cual es un bien propio de la Sra. P. R. por un valor de Pesos Dos Millones de Pesos ($2.000.000,00).

Este rubro se liquida de la siguiente forma: El Sr. O. propone que se abonen setenta (70) cuotas iguales y consecutivas de Dólares Estadounidenses (Billete) Ochocientos Cuarenta (U$S 840) pagadera la primera de ellas el día 10 de Enero de 2018 y las restantes cuotas los mismos días de los meses subsiguiente hasta su terminación. Domicilio de pago Av. ––––– B° Centro, de la Ciudad de Córdoba.

· Vehículo Marca Toyota, Modelo Etios Croos, Modelo 2015, Dominio —–-, valuado por A.F.I.P, en la suma de Pesos Doscientos Treinta Mil ($230.000,00), cuya titular registral es la Sra. P. R.

El vehículo referenciado fue vendido el día 7 de Septiembre de 2017, en la suma de Pesos Doscientos Treinta Mil Pesos los que fueron entregados al Sr. O. conforme surge del recibo suscripto por el mismo.

· Bienes muebles adquiridos durante la unión convivencial:

· Juego de dormitorio de algarrobo: dos mesas de luz, cómoda con espejo, chifonier de seis cajones y placar de 2 mts. de largo con baulera.

· Juego de living de algarrobo completo: 1 sillón de dos cuerpos, 2 sillones de un cuerpo todos con sus respectivos almohadones y mesa ratona.

· 1 mesa

· 2 televisores L.C.D.  1 aire frio/calor

· 1 aire frio.

· Mesa de 4 cubos de cuerina y vidrio  Utensilios de cocina varios

· Ropa de cama y de baño

Los bienes detallados ut supra son retirados en su totalidad por el Sr. O.

SEGUNDO: A su vez la Sra. P. P. R. entrega en este acto al Sr. O. la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil ($47.000,00) en dinero en efectivo, sirviendo el presente instrumento de eficaz recibo y carta de pago.

TERCERO: Desocupación del inmueble. Las partes convienen libremente que el Sr. O. desocupará el inmueble sito en calle ——, B° Altos de Villa Cabrera, de la ciudad Córdoba como fecha máxima el día 1 de Octubre de 2017 a las 16 hs. Acto seguido se cambiara la cerradura del inmueble.

CUARTO: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las partes fijan domicilio en los indicados al inicio y se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba renunciando expresamente a cualquier otro fuero de excepción que pudiere corresponderles.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Córdoba a los 8 días del mes de Septiembre de 2017”.

6) El 13/04/2023 se certifica que en los autos caratulados: “O., G. C. – BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – EXPED.PRINCIPAL” (EXPTE. N° —–) por Auto Nro. 51 de fecha 03/03/2023 se resolvió hacer lugar a lo solicitado otorgando el beneficio de litigar sin gastos a G. C. O., D.N.I. ––––, en estos autos y que dicha resolución se encuentra firme. Seguidamente se decreta: “atento certificado que antecede, lo manifestado por P. A. P. R. en su escrito de fecha 31/03/2023, lo dispuesto por los art. 1, 2 y 3 del CCyC, los principios que informan el fuero de familia (art. 15 inc. 1 y 13 de la Ley 10.305) y la jurisprudencia imperante en la materia, imprímase a la solicitud de homologación de ‘acuerdo extrajudicial de división de bienes’, el trámite del art. 99 de la Ley 10.305. Agréguese la documental adjuntada con fecha 25/10/2021. Téngase presente la restante prueba ofrecida para su oportunidad en cuanto por derecho corresponda” y se corre traslado a P. A. P. R.

7) El día 24/04/2023 comparece P. A. P. R., con el patrocinio de los Abs. G. E. G. D. y R. O. G. D., y contesta el traslado que se le corriera. Niega todos y cada uno de los hechos que invoca el actor en su demanda, niega deber a G. C. O. la suma de treinta y tres mil seiscientos dólares (U$S 33.600.-) más intereses dado que el convenio de marras es nulo de nulidad absoluta. Pone de resalto que oportunamente se advirtió a O. y a su patrocinante que la cuestión en controversia es de naturaleza familiar y no negocial y que por lo tanto y dadas las características de los vicios que afectan a la misma fue que por medio fehaciente, se acusó la Nulidad Absoluta del Convenio Extrajudicial de División de Bienes mediante la Carta Documento N° 065625969 de fecha 8 de abril de 2021 recibida por el actor con fecha 15 de abril de 2021 que luego fue ratificada mediante Carta Documento N° 065492366 de fecha 20 de abril de 2021 que fue recibida por el actor con fecha 27 de abril de 2021. Alega que “la posterior concurrencia del intimado Sr. O. -en Agosto de 2021– a un centro de mediación privado orientado a cuestiones de índole negocial y no familiar pone a las claras su mala fe en cuanto a su voluntad de no llegar a una resolución justa conforme a los intereses familiares controvertidos”. Cuenta que el 26 de abril de 2021 inició el correspondiente trámite procesal, para agotar la etapa pre jurisdiccional familiar en las actuaciones caratuladas “P. R., P. A. – ETAPA PREJURISDICCIONAL DE

FAMILIA” Expediente N° ––––-, en el cual se dictó el siguiente proveído: “Previo a proveer: Atento que la requirente manifiesta haber sido víctima de violencia psíquica y económica al momento de celebrar con el requerido el pacto aludido – art. 6 inc a) de la Ley Nacional 26.485; Ley 9283, sírvase la interesada aclarar tal circunstancia manifestando si se encuentra en curso causa de Violencia Familiar...” por lo cual, el trámite de la etapa prejurisdiccional familiar no tuvo lugar. Dice que posteriormente, acudió a realizar la pertinente denuncia, ante el Juzgado de la Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género, siendo sorteado en turno el Juzgado de 10ª Nominación (ex 8 Nominación) Secretaria 10º para entender en los autos caratulados “O. G. C. -DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR” Expediente ——-. Narra que O. haciendo caso omiso y con una manifiesta conducta procesal maliciosa, presentó su demanda ante el fuero civil el día 21 de octubre de 2021, ello pese a que el día 12 de octubre de 2021 le fuera notificada una prohibición de acercamiento hacia ella de fecha 07 de Octubre de 2021 como consecuencia de su violencia ejercida para hacerle firmar el pacto de cese de unión convivencial y división de bienes denominado por las. Niega haber incumplido con el Acuerdo Extrajudicial de División de Bienes cómo lo denuncia el actor toda vez que mediante la Carta Documento N°065625969 de fecha 8 de abril de 2021 se expresó que en virtud de los artículos 515, 513, 514 inc c), 519, 520, 12, 13, 10, 344 del Código Civil y Comercial, art 17 inc 4) de la Convención Americana de Derechos Humanos, art 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, acusó, la nulidad absoluta del “Acuerdo Extrajudicial de División Bienes” por ser violatorio de las normas citadas y concordantes, y violatorio al orden público familiar, la buena fe y los principios generales del Derecho Civil Privado y Constitucionalizado “ es decir niego incumplir lo que jurídicamente no estoy obligada a cumplir por su ínsita nulidad”. En relación al punto a) de la cláusula Primera del acuerdo dice que “ dicha “clausula” no llego a ser tal sino una simple propuesta de O., puesto que en ninguna parte del convenio, surge que tal propuesta haya sido aceptada por mi persona para darle así el carácter y fuerza de clausula, por lo tanto yo jamás he asumido una obligación legal de pago de dólares tal como lo pretende la actora, y por eso como he demostrado en violencia familiar y demostrare en esta sede, los pagos que he efectuado a O. en pesos indexados al valor del dólar paralelo no fueron fruto de mi libre voluntad sino consecuencia de la violencia desplegada por O. en contra de mi persona forzándome a través de la misma y mediante el uso de la violencia psicológica dirigida a causarme temor de perder mi propia vida o mi propiedad a realizar dichos pagos abusivos, cuya nulidad acusé por carta documento y que hoy nuevamente acuso”. Adita que en el periodo en que se firmó el “Acuerdo Extrajudicial de División de Bienes” su relación afectiva con el actor G. C. O. transcurría en los hechos bajo la forma pública y reconocida de una unión convivencial, situación jurídico familiar en donde siempre existió una relación de poder de O. sobre ella, tanto en el plano físico, como el psicológico y el económico. Dice que se creó dentro de su unión convivencial, un “ciclo de violencia familiar” caracterizado por la posición de superioridad de O. sobre ella como varón dominante dentro de la unión convivencial, “fue a través de esta forma, constante y progresiva que fui siendo sometida por el Sr. O. mediante el uso de diferentes mecanismos de dominación y sometimientos propio de una forma de violencia masculina, que comenzó de una forma muy sutil al comienzo, llegando al final a una brutal violencia psicológica, económica, simbólica etc. intensificada en el momento del desarrollo final de nuestra unión convivencial, degradando así, mi dignidad de mujer y aprovechando tal degradación para menoscabar mi posición económica y también todo aquello que económicamente pudiera sustentarme, ello con la especial finalidad de lograr un mayor sometimiento de mi persona hacia su autoridad masculina, para convertirse de esta manera en una especie de figura omnipresente y represiva de todos los aspectos de mi vida y libertad ya que no solo utilizo el convenio que me obligo a firmar sino que firmado el mismo, O. continuó desplegando una serie de conductas orientadas a tal fin, es decir a enriquecerse a mi costa y pauperizarme para sostener en el tiempo, aun viviendo separados, una forma de poder masculino al que eternamente debía tener una obediencia ciega y temor reverencial”. Niega ser responsable de daños y perjuicios por ningún concepto. Sostiene que quien debe responder por daños y perjuicio es el actor debido al daño psicológico, económico y físico que le ha causado todo su accionar. Bajo el título “FUNDAMENTA LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONVENIO Y SOLICITA EL RECHAZO DE SU HOMOLOGACION”, desarrolla en primer lugar el tópico “A) Nulidad del Pacto Acto Jurídico Familiar Patrimonial por Vicio de Violencia sobre una de las partes”. Refiere que inició la unión convivencial con G. C. O. a mediados del año 2003. Que entonces O. se instaló en el departamento que ella alquilaba sito en la calle –––—–––––– de la Ciudad de Córdoba. Cuenta que conoció a O. por trabajar ambos en diferentes secciones del ––––— de la Ciudad de Córdoba. Narra que al principio las cosas funcionaron bien pero desde el comienzo del vencimiento del contrato de O. y su permanencia como planta permanente en el —––––, el actor comenzó a ejercer una conducta violenta mediante agresiones que fueron de lo gestual, a lo simbólico, a lo verbal acrecentándose hasta llegar a la violencia física, “comenzando desde aquel entonces un fenómeno conductual que la ciencia forense denomina como ‘ciclo de violencia doméstica’ el cual pervive hasta el presente y es el motivo del dictado de las cautelares de no acercamiento a mi persona impuestas por el Tribunal de Violencia Familiar”. Adita que dentro del círculo de violencia en el que la tuvo sometida O. es que se llegó a la firma del Pacto de Cese de la Unión Convivencial y División de Bienes cuya nulidad absoluta y total acusa, “siendo indispensable poner de resalto y relatar la violencia directa desplegada por O. mediante amenaza de muerte hacia mi persona para conseguir de mi parte la suscripción del referido Pacto”. Refiere que las conversaciones para que su ex conviviente se retirara de su casa, fueron transformadas en una discusión de tono agresivo llena de insultos, agravios y amenazas para que ella cediera su patrimonio bajo sus términos; “al principio con propuestas de que yo me endeudara pidiendo créditos hipotecarios sobre la casa de mi madre – lugar en donde vivíamos y a donde nos habíamos mudado y realizado mejoras todo ello por imposición de O. – o bien O. me pedía que yo le firmara como locataria un contrato de locación de vivienda de una casa elegida por él para que él viviera en la misma y mientras tanto yo se la pagara la locación hasta que él cobrase lo que a él le parecía como justo por la división de bienes”. Transcribe una conversación grabada con el actor, donde dice que recibió amenazas de muerte. Cuenta que el hecho fue denunciado oportunamente, ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia Violencia Familiar y de Genero en los autos caratulados “O. G. C. -DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR” (EXPTE. Nº –––––) donde acompañó como prueba, la grabación del audio del hecho en pendrive. Refiere que, en ese proceso, durante la audiencia que tuvo lugar el 24 de febrero de 2022 ante la presencia de la jueza O. junto a su letrado patrocinante, se le hizo escuchar el audio presentado y O. no negó ser el autor de dichas amenazas. Alega que ha probado que el actor confesó ante la jueza de violencia familiar ser el autor de una amenaza de muerte hacia ella, motivadas por la división de las mejoras realizadas en el hogar asiento de la unión convivencial, lo que motivó que el Juzgado de Violencia en decreto de fecha 24 de febrero de 2022 dispusiera oficiar a la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda a los fines de poner en su conocimiento el contenido de la denuncia efectuada por ella y del acta de audiencia celebrada, de las que surge la posible comisión de un ilícito. Dice que luego de este episodio de violencia de género, el 8 de septiembre de 2017 “apenas semanas después de la amenaza de muerte” suscribió el Pacto de Cese de la Unión Convivencial y División de Bienes. Expone que en ese momento, sus abogados no fueron advertidos por ella de la amenaza sufrida, “ello fue así porque temí que de advertirles a mis abogados de la amenaza de O., éste podría llegar más tarde a concretarla, pues O. seguía viviendo dentro mi casa y durmiendo en el cuarto contiguo al mío, además, conocía mi vida y movimientos, y en otras ocasiones me había amenazado indirectamente con que unos colombianos podrían llegar a venir a balear el frente de mi casa en caso de que yo no le facilitara dinero a O. para que él saldara unas deudas que según él tenía pendiente con esta gente peligrosa”. Agrega que le tenía miedo porque el demandante ya había demostrado que era capaz de realizar una acción de daño físico destacando una oportunidad en que intentó golpearla con una silla siendo denunciado el hecho el día 30 de junio del año 2004 por violencia física, presentada ante la Unidad Judicial Primera Sumario Nº 3510/04 Fiscalía interviniente Distrito 1 Turno 3 de la Ciudad de Córdoba, y en otra oportunidad en Marzo del año 2011, que O. le dio un manotazo en la cara y el cuello produciéndole escoriaciones. Cuenta que fue sorprendido por la policía en plena discusión en la vía pública, por lo que fue aprehendido y puesto en una celda a disposición de la fiscalía, causa judicial que luego no continuó debido a los ruegos y pedidos de O. y su promesa de cambio. Explica todas las conductas violentas ejecutadas por O. a lo largo de la convivencia y denunciadas ante sede de Violencia Familiar, dieron a la amenaza de muerte realizada por O. antes de la firma del pacto, un grado de certidumbre y posible cumplimiento pues al encontrarse aun conviviendo en la misma casa, existía la posibilidad cierta de sufrir un mal inminente y grave. Adita que resultó víctima de una brutal acción psicológica de parte de O. intimidatoria con una entidad suficiente para afectar su libertad al momento de la suscripción del Pacto de Cese de la Unión Convivencial y División de Bienes, lo que encuadra con lo dispuesto en la última parte del Art. 276 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), por lo que el acuerdo es nulo, por encontrarse el acto jurídico familiar patrimonial viciado por violencia como vicio de la voluntad la que afectó su libertad al momento de su suscripción y posterior ejecución del mismo. Entiende que la violencia que afecta el acto jurídico familiar patrimonial, no solo está en su génesis sino también durante su posterior ejecución “pues como dije al encontrarme yo dentro de un CICLO DE VIOLENCIA, la misma perduró incluso después del cese de nuestra convivencia pues a lo largo de la ejecución del Pacto el Sr. O. utilizó al mismo, como una herramienta para ejercer violencia económica en mi contra exigiéndome además de los pagos en pesos, estipendios de índole material económica por fuera de lo pactado”. Adita que abonaba otros rubros como la obra social hasta enero de 2020, una línea de telefonía celular de la empresa Personal desde el 29/07/2014 hasta 24/01/2020, compra de un equipo de telefonía celular, entre otras cosas. Además, narra que O. siempre con el pretexto del pacto se comunicaba ejerciendo violencia psicológica a través de mensajes de WhatsApp exigiendole obligaciones económicas injustificadas como dinero para solventar sus gastos de internación o para realizarse implantes dentales. Indica que el vicio de violencia que afecta al acto jurídico familiar patrimonial también infringe a las normas del derecho privado constitucionalizado y afecta la libertad amparada por la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”: Art. 16 inciso c), h) y Art. 5º Inc a) y b) y concords. (CEDAW); la Convención de “Belem do Para”; “Las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia” y “La Convención Americana de Derechos Humanos”. Asevera que estas normas imponen “medidas de acción positiva” por parte de los poderes del Estado (art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional) Explica que el convenio suscripto viola el orden público, pues tanto en su génesis como en su ejecución se ha desplegado en un contexto de violencia de género, señala que “en consecuencia todos los actos que he realizado dentro del ciclo de violencia no pertenecen a mi voluntad, ya que fueron hechos sin mi libertad, es decir no me son propios porque se encuentran viciados por una violencia que ha afectado de manera permanente (dentro de un ciclo de violencia) mi libertad.”. Explica que el Pacto en cuestión es nulo por ser un acto jurídico, con un defecto originario, estructural y esencial como lo es la carencia del elemento “libertad”, es decir el Pacto no cumple con uno de los requisitos del art. 260 del Código Civil y Comercial, es decir su ejecución con libertad, por lo tanto no es un acto voluntario , por no haber actuado con libertad, “tampoco he actuado de mala fe, es por ello que me encuentro habilitada para acusar la Nulidad del mismo”. Seguidamente desarrolla un siguiente tópico: “B) Nulidad del Pacto Acto Jurídico Familiar Patrimonial, por violación a los limites impuesto a las partes en el Art. 515 del Código Civil y Comercial”. Reitera que el “pacto” de División de Bienes es nulo por haber violado los límites impuestos a las partes en el Art. 515 del CCyCN. Alega que sus cláusulas han violado los límites del orden público, el principio de igualdad de los convivientes y ha afectado sus derechos fundamentales. Expresa que “de la redacción y lectura de sus cláusulas surge que el contenido de las mismas constituyen un verdadero abuso del derecho (art. 10 del CC y CN.) ejecutado, so pretexto del ejercicio de la autonomía de la libertad”. Cita doctrina que avala su posición. Dice que de la lectura de las cláusulas del Acuerdo Extrajudicial queda claro que el mismo no respeta el principio de igualdad de los convivientes pues otorga la totalidad de los beneficios a O., mientras que, a ella, no se le atribuye ningún bien o derecho. Explica que por ejemplo en la Cláusula Primera Punto b) se establece que el valor total obtenido de la venta del vehículo marca Toyota modelo Etios Croos, modelo 2015 dominio ––—–– que estaba a su nombre, vendido por un monto de doscientos treinta mil pesos ($ 230.000.-) es entregado en su totalidad a manos de O., “es decir que de ese monto a pesar de provenir de la venta un vehículo automotor registrado a mi nombre pasa a manos de quien no era su dueño y además que de dicho monto yo no recibo ni un centavo”. Adita que algo similar ocurre en el Punto c) de la referida Clausula Primera, pues en él se detallan un total abultado de bienes muebles enseres del hogar que son retirados por O. dejándola prácticamente desprovista, puesto que O. se llevó un juego de dormitorio completo, un juego de living completo, una mesa, dos televisores L.C.D., dos aires acondicionados, una mesa de cuatro cubos de cuerina y vidrio, hasta el extremo de llevarse los utensilios de la cocina y también ropa de cama y baño, desmantelando así su casa al punto extremo de tener que volver de a poco a equiparla desde prácticamente cero. Afirme que ello es una violación del principio de igualdad de los convivientes del Convenio. También dice se ve reflejada en la Cláusula Segunda del mismo, en donde queda registrado que O. recibe la suma de cuarenta y siete mil pesos ($ 47.000.-) en dinero en efectivo, sin establecerse causa o explicitación alguna que justifique tal desembolso de dinero a su favor. Adita que en la Cláusula Tercera del convenio otra vez aparece esta violación al principio de igualdad puesto que se establece que O. queda viviendo en su casa hasta el día 1 de octubre de 2017, es decir hasta veintitrés días después de la firma del convenio, sin colaborar con los gastos del mismo, sino que además utiliza ese tiempo para desmantelarlo, “ya que como se hace constar hasta llega a desmontar dos equipos de aires acondicionados que estaban instalados en el mismo”. Explica que todas las cláusulas del pacto importan un ejercicio abusivo de los derechos; limite genérico a la autonomía de la voluntad consagrado en el Art. 10 del CCyCN; “ello también está probado por el contenido de las mismas puesto que esto es una resultante lógica que se produce al romperse el principio de igualdad entre las partes por el contenido mismo del convenio, y esto constituye así también un ejercicio abusivo del derecho”. Indica que “está claramente probado que el Sr. O. condiciono el abandono del hogar convivencial a obtener mi firma del Acuerdo Extrajudicial de División de Bienes”. Bajo el título “C) Nulidad del Pacto Acto Jurídico Familiar Patrimonial por Nulidad de su Objeto como Acto Jurídico” dice que de todo lo expresado surge que el Acuerdo Extrajudicial también resulta nulo por inobservancia de los dispuesto en el Art. 279 del Código Civil y Comercial que dispone: “El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres , al orden público o lesivo de los derecho ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea”. Por eso entiende que es nulo por estar viciado su objeto. Entiende que los hechos descriptos como objeto del pacto por las razones ya explicitadas son violatorios del art. 515 y cc. del CCyCN y además de los arts. 7 y 10 de la Ley Nacional Nº 23.923 por inobservancia del nominalismo que rige en materia de obligaciones de dar suma de dinero. Dice que es un convenio cuyo Objeto es contrario al orden público, es nulo conforme lo previsto por el Art. 386 del Código Civil y Comercial. Seguidamente en el acápite “F) Nulidad de la Cláusula Primera Punto a) del denominado Acuerdo Extrajudicial de División de Bienes por violación a los prescripto en los Arts. 7 y 10 de La Ley Nacional No. 23.928– Nulidad por ilicitud del Objeto del Acto Jurídico Familiar Patrimonial– Nominalismo”. Entiende que la cláusula primera punto a) del denominado “Acuerdo Extrajudicial de División de Bienes” es nula. Dice que es una propuesta que nunca aceptó, debido a que las mejoras que se realizaron sobre una parte de su propiedad, fueron pagadas en pesos. También señala que siempre que discutían el asunto de las mejoras de la casa O. hablaba de las misma de su valor en pesos, “ello se puede apreciar al escuchar la grabación de O. amenazándome de muerte donde me exige plata habla del valor de mi casa en pesos y jamás me exige dólares”. Aclara que siempre pagó en pesos, y así lo reconoció el mismo G. O. en la audiencia celebrada en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género. Adita que el 21/04/2017 a través de la inmobiliaria —–Gestiones Inmobiliarias Confiables, con la intervención de la tasadora N. A. realizó la tasación de la propiedad, la cual resulto ser de un monto de dos millones de pesos ($ 2.000.000) y que luego cuando O. la violentó para firmar el llamado Acuerdo en el que reconoce que el “…bien propio de la Sra. P. R. …TIENE… un valor de Pesos Dos Millones de Pesos ($ 2.000.000.-)…” y luego a ese valor lo divide por la mitad, como si la casa fuese un bien ganancial y a esa mitad -un millón de pesos ($1.000.000)– la indexó en dólares, al valor del dólar blue o paralelo que le dio por resultado un monto de cincuenta y ocho mil ochocientos dólares (U$D 58.800.-) “monto dolarizado que resulta al multiplicar la cifra de 1.000.000.– por $ 17,00.– que era el valor del dólar paralelo por cada peso argentino al día de la firma del convenio”. A esta cifra indexada en dólares, dice que O. la divide en 70 cuotas a pagar en dólares al dólar blue o paralelo. Con esta operación entiende que O. repotencio una obligación nacida en pesos mediante su indexación a dólares violando así a los Arts. 7 y 10 de la Ley Nacional Nº 23.928 y con ello el orden público. Aclara que tampoco correspondía asignarle a las mejoras un valor correspondiente con la mitad del valor de su casa ($ 1.000.000.-), sino que la mejora debió calcularse sobre los metros construidos o agregados, “lo cual O. no hizo, porque a través de la violencia busco mediante un ejercicio abusivo de los derechos apoderarse de la mitad del valor de mi casa, y digo que fue abusivo porque no le corresponde el valor de la mitad de mi casa, ya que la misma ya estaba totalmente construida cuando allí vivía mi madre”. Cuenta que conforme los cedulones emitidos por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba constan que ya en el año 1989 su casa tenia construido noventa y cinco metros cuadrado (95 M2), “esto es muchos años antes del 7 de noviembre del año 2012 cuando las mejoras fueron terminadas, lo que además prueba que en el lugar no existía un terreno baldío sobre el que se construyó toda una casa como maliciosamente y mendazmente lo afirma el Sr. O. sino que existía la casa donde por años vivió mi madre”. Concluye que la cláusula primera punto a) del referido pacto titulada “mejoras” además de ser nula por las razones de derecho arriba explicitadas, también resulta nula por verse afectada por un vicio de ilicitud de la propia clausula. En efecto, entiende que la referida clausula viola el orden público direccional u orden publico económico, ello porque se reconoce en la misma de modo general que el rubro al que ella se refiere “mejoras” fue “ valuado nominativamente y de común acuerdo…”, siguiendo así el principio nominalista; en igual sentido que se hizo al valuar el valor total de la propiedad en $ 2.000.000.– , y luego a continuación O. propone cobrar las mejoras en 70 cuotas en dólares estadounidense, procediendo de esta manera a repotenciar o indexar una deuda cuya causa original fue una obligación en pesos, “ puesto que las mejoras que realizamos en mi casa sede del hogar convivencial, las abonamos conjuntamente O. y Yo en pesos y no en dólares”. Expone que las mejoras se debieron haber tasado, que esa tasación debió ser en pesos y también se debió haber fijado la proporción que correspondía para cada uno de ellos como parte de su esfuerzo común también en pesos; que nada de eso se hizo. Estima que luego de ello debería calcularse la parte proporcional de la mejora en la misma especie (pesos). Expresa que “en la realidad ocurrió todo lo contrario, ello por la situación de Ciclo de Violencia de Género antes narrada construida por O. sobre mi persona mediante serias amenazas de muerte vinculada con esta cuestión infundiéndome, un temor grave de que O. cumpliera su amenaza de muerte si yo no aceptaba la ilícitas condiciones del Pacto; y ello fue determinante no solo para la suscripción del referido Pacto, sino también para que yo le abone 37 cuotas en pesos pero con un monto indexado mediante la cotización mensual del Dólar Blue o paralelo que O. usaba periódicamente como índice indexatorio publicado al momento del cobro”. Agrega que por su parte el Código Civil y Comercial en su art. 766 es contundente al afirmar: “Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”. Agrega que la ley 23.928 prohíbe la utilización de mecanismos indexatorios legales, convencionales o judiciales, siendo una ley de orden público que es de aplicación obligatoria, y ello es así porque el Estado conserva para sí “el orden público de dirección” o también llamado “orden público económico”, y a través de él, actúa en miras del interés colectivo. Acompaña planilla de los pagos realizados al actor desde diciembre 2017 a enero 2021 y dice que de la misma, surge que G. O. cobró todos los meses la deuda indexada, llegando un momento en que el pago de la cuota era mayor que su sueldo “pues el mismo era de $ 104.731,52, como lo acredito con los recibos de sueldo de los meses diciembre 2020 y enero y febrero 2021, que acompaño como prueba. Es así que para poder cumplir con el Sr. G. O. le comencé a pagar media cuota siempre en pesos, pero siempre INDEXADA a su equivalente a U$S 420, así lo hice y pagué de esta manera los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 y enero 2021, de esta forma en febrero de 2021 terminé de pagar todo el año 2020 y en marzo del 2021 le pagué la mitad de la cuota correspondiente al mes de enero 2021, es decir que le aboné al Sr. O. 36 cuotas y media. Le pedí a G. O. que me recibiera el pago de esa forma para que me quedara algún dinero para poder sobrevivir, y G. O. accedió pero utilizó tal circunstancia, para acrecentar su RELACION ASIMETRICA DE PODER SOBRE MI PERSONA INCREMENTANDO ASI LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA MI PERSONA”. Agrega que la amenazaba con que “mañana mismo iba a ejecutarme mi única casa, sometiéndome psicológica y económicamente ya que me llamaba varias veces al día para recordarme mi condición de deudora en riesgo de perder su vivienda para luego exigir como medio para atemperar su violencia rubros que nada tenían que ver con mi antigua convivencia con él” . En conclusión, pide se declare la nulidad total del Pacto de Cese de Unión Convivencial y División de Bienes, denominado por las partes “Acuerdo Extrajudicial de División de Bienes” por aplicación de los artículos 386 y 387 del CCyCN y en consecuencia rechace la homologación con costas. Ofrece prueba documental, pericial informática, informativa, testimonial y confesional.