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El reconocimiento del niño como “sujeto de derechos”, modificó transversalmente la forma de concebir la niñez y adolescencia, y las relaciones que lo atraviesan, obligándonos a reformular los términos en que el niño interactúa tanto con su entorno primario -en el seno de la familia-, como en el plano social y las políticas tendientes a su protección integral garantizando el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos que le son reconocidos.

Una de los campos en los que ha tenido mayor desarrollo esta mirada constitucional de derechos humanos de la niñez gira en torno al encuadre, delimitación y alcance del derecho de los niños, niñas y adolescentes [en adelante NNA] a participar de manera activa en todos los procesos judiciales y administrativos que los afecten, y más puntualmente su derecho a intervenir por mi mismo en juicio con patrocinio letrado. Así, el art. 12 CDN establece el derecho del niño a ser oído en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, y a que su opinión sea tenida debidamente en cuenta al momento de resolver.

A nivel procesal, este principio se conjuga con el derecho de los NNA participar activamente en todo proceso que los afecten, y la correlativa garantía de su acceso efectivo a la justicia, en tanto personas en condición de vulnerabilidad.

Así, el art. 27 de la ley 26.061 sienta las garantías mínimas para el ejercicio del derecho de defensa de los NNA, estableciendo niveles progresivos de participación –conforme su grado de madurez y desarrollo- en los procedimientos judiciales o administrativos que los afecten.

Por su parte, el decreto reglamentario 415/2006 de la ley 26.061 dispone que el derecho a la asistencia letrada -previsto en el inc. (c) del art. 27- comprende el derecho a designar un abogado que represente los intereses personales e individuales del niño, niña o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar.

El Proyecto de Reforma de 2012 viene a consolidar este proceso, al reconocer expresamente el derecho de los NNA a participar activamente en los procedimientos judiciales o administrativos que los afecten, con asistencia letrada, a través de la figura del abogado del niño.

Así, el Proyecto no se limita a enunciar en forma genérica el derecho de las personas menores de edad a contar con asistencia letrada, sino por el contrario incorpora la figura del abogado del niño a lo largo de su articulado, al regular la intervención de las personas menores de edad en los diferentes institutos jurídicos. Pasaremos revista sobre ellos.

Preliminarmente, el Proyecto de Reforma establece en su artículo 26 establece una prescripción genérica: “La persona menor de edad (…) que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico” y luego más específicamente que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”. Por tanto, de acuerdo al Proyecto, la vara que determinará la admisibilidad o no de la participación del NNA en los procesos con asistencia letrada, será su capacidad progresiva.

Puntualmente, en el marco de la acción de nulidad matrimonial el art. 425 otorga legitimación activa al cónyuge menor de edad, mediante la asistencia de un tutor ad litem designado a tales efectos o bien, al propio adolescente con la asistencia de un letrado en los términos del art. 27 de la ley 26.061.

En materia de acciones de filiación por naturaleza, el Proyecto introduce un cambio sustancial a la legislación vigente, al reconocer legitimación activa en forma directa al hijo adolescente mayor de trece años (art. 24) para actuar por sí, en calidad de parte, con asistencia letrada (conc. art. 27 inc. c) ley 26.061), eliminándose el previo recaudo de autorización judicial y presumiéndose que cuenta con autonomía suficiente a tal fin (arts. 582, 590 y 677).

En materia de adopción, el art. 595 estipula el derecho de los NNA a participar de su propia adopción. En consonancia con esta tesitura los arts. 608 y 617 introducen como requisito del proceso judicial de adopción la participación del NNA con edad y grado de madurez suficiente, con carácter de parte, y con debida asistencia letrada.

Lo mismo sucede con el art. 596 que establece, en el marco del derecho del niño a conocer sus origines, el derecho del adolescente –con edad y grado de madurez suficiente- a acceder al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción como así también a iniciar las acciones necesarias a los fines de conocer sus origines, contando a tal efecto con la debida asistencia letrada.

Otro de los ámbitos en los que la implementación de la figura del abogado del niño ha importado grandes avances es en la regulación de las relaciones familiares. Así, el art. 653 consolida el derecho de los NNA a participar activamente en los conflictos relativos a su cuidado personal –las mal llamadas tenencia y régimen de visitas-, en consonancia con el principio de democratización de las relaciones familiares.

Por su parte el art. 661 otorga legitimación activa al hijo con edad y grado de madurez suficiente –sin establecer límites etarios- a peticionar el cumplimiento de la obligación alimentaria, disponiendo en forma expresa su asistencia por un letrado que lo patrocine.

Por último, la consolidación de la figura del abogado del niño está dada por los arts. 677, 678 y 679 que regulan la intervención de los NNA en el ámbito judicial.  Así el art. 677 establece la presunción que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en los procesos que los tengan como parte conjuntamente con la actuación de sus progenitores, o bien de manera autónoma a través de la correspondiente asistencia técnica profesional.

Asimismo, el art. 678 regula como supuesto especial el caso en que los progenitores se opongan a la actuación judicial de su hijo adolescente. Resuelta la pretensión favorablemente por el juez, el Proyecto establece expresamente como garantía mínima procesal la designación de abogado imparcial, para la defensa de sus intereses.

Finalmente, el art. 679 incorpora un supuesto silenciado hasta el momento, y reconoce a las personas menores de edad – con edad y grado de madurez suficiente – capacidad procesal para estar en juicio contra sus progenitores, sin necesidad de autorización judicial previa, pero disponiéndose como requisito su adecuada defensa técnica, mediante la figura del abogado del niño.

La incorporación y desarrollo de la figura del abogado del niño en el Proyecto de Reforma constituye pues un avance en el reconocimiento y ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una participación activa en todos los asuntos que los afecten. Se trata de un pequeño paso en la construcción de un derecho constitucional de familia, pero de un gran salto en el desarrollo de los derechos de la niñez.

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