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Relegados a los confines del subsitema familiar, los progenitores adolescentes eran/son sustituidos por sus padres –abuelos-  en el ejercicio de su responsabilidad parental respecto de sus hijos/nietos (art. 264 bis), con fundamento en la incapacidad de aquellos para asumir –en tanto personas menores de edad- la crianza de sus hijos, conforme el sistema rígido de compartimentos estancos impuesto por el binomio incapacidad/capacidad (art. 54, 55, 127 y 921 CC).

La incorporación en el ordenamiento interno de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 23 CN), impuso la necesidad de efectuar una revisión crítica de esta regulación paternalista, desde una obligada perspectiva de derechos humanos.

El reconocimiento de los niños como sujeto de derecho con necesidades propias, importó un cambio de paradigma que modificó transversalmente la forma de concebir la infancia, y las relaciones que lo atraviesan, obligándonos a reformular los términos en los que el niño/adolescente interactúan tanto en su entorno primario en el seno de la familia –y la relación entre padres e hijos-, como en el plano social.

Desde esta perspectiva, resulta necesario replantear la dinámica en los vínculos familiares, abandonándose la tradicional noción de potestad, entendida como poder y control de los padres sobre sus hijos, hacia una mayor democratización de los vínculos familiares, en la que la relación paterno filial está signada por la noción de protección integral, entendida como la responsabilidad de los padres de criar, educar y cuidar a sus hijos, acompañándolos hacia su plena autonomía.

Los niños/as y adolescentes, en tanto personas en desarrollo, y por tanto con una mayor vulnerabilidad, gozan de un plus de derechos tendientes a esta protección integral para el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos que le son reconocidos.

En consonancia con esta mirada, el Proyecto de Reforma de Código Civil y Comercial de la Nación [2012] establece en su art. 639 que la responsabilidad parental se regirá sobre la base de (a) el interés superior del niño; (b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo; estableciendo que a mayor autonomía menor será la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; y (c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.

Resulta necesario, pues, distinguir la niñez de la adolescencia en tanto etapas del desarrollo madurativo con caracteres propios (art. 18 CDN) a la luz del principio de capacidad progresiva, que determinará el nivel de decisión al que puede acceder la persona menor de edad en el ejercicio de sus derechos fundamentales conforme a su madurez y desarrollo, cuestión que deberá ser valorada en función de las características personales, psicológicas, sociales y emocionales de cada niño[1].

El Proyecto de Reforma recepta esta diferencia en su art. 25 y reconoce en forma expresa la figura del adolescente, entendiendo como tal a aquellas personas menores de edad que cumplieron los 13 años y hasta los 18.

Sobre la base de estos principios se erige el art. 644 del Proyecto de Reforma como propuesta superadora del art. 264 bis del Código Civil actual para regular el supuesto especial de los progenitores adolescentes.

Así, a diferencia del art. 264 bis que sustituye a los padres menores de edad -no casados- en el ejercicio de la responsabilidad parental de su hijo atribuyéndoselo a uno de los abuelos, y priorizando a tal efecto a aquel que conviva con el nieto, el art. 644 pone en cabeza de los progenitores adolescentes tanto la titularidad como el ejercicio de la responsabilidad parental sobre sus hijos menores de edad, a la vez que mantiene en cabeza de los abuelos un doble sistema de protección.

Revaloriza, así, el rol de estos adolescentes como padres,  sacándolos de las sombras y poniéndolos en el centro de la escena familiar. Esta solución implica reconocer que el progenitor adolescente no es un incapaz para asumir su función paterna, sino una persona con capacidad restringida en tanto sujeto en vías de crecimiento a la que deberá atribuírsele, conforme su grado de madurez y desarrollo, aptitud para adoptar decisiones en torno a la vida de su hijo.

Así, el art. 644 presume que a partir de los 13 años, los padres menores de edad tienen capacidad para decidir y realizar por sí mismos los actos de la vida cotidiana de los hijos, en consonancia con los principios de autonomía progresiva y libertad.

De esta manera, se obliga también al progenitor adolescente a responsabilizarse de su accionar, y a asumir una participación activa en la crianza, formación y atención de su hijo, hacia su pleno desarrollo.

Asimismo, el art. 644 acarrea una reorganización de la dinámica familiar, resignificando los roles y funciones de cada uno de sus integrantes. Pues, no sólo permite reforzar los vínculos entre los progenitores adolescentes y sus hijos, en consonancia con el derecho a tener vínculo y preservar la relación entre padres e hijos, y el respeto a la identidad y vida familiar, sino que a la vez permite robustecer el vínculo entre los progenitores adolescentes y sus propios padres; pues pierde de vista que los padres adolescentes siguen siendo personas en pleno desarrollo madurativo y por tanto sujetos a una protección especial.

En esta línea el Proyecto de Reforma establece en cabeza de los padres de los padres adolescentes –abuelos- un doble sistema de protección, en consonancia con los principios generales en materia de responsabilidad parental, a favor tanto de sus hijos – en tanto aún son menores de edad-, y de sus nietos, -también menores de edad-.

Así, dispone una protección de carácter subjetivo, facultando a –cualquiera de- los abuelos a oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño; y a intervenir cuando el progenitor adolescente omite realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado desarrollo, en ejercicio de una función de supervisión y control.

Por último establece un sistema especial de protección, de carácter objetivo, al restringir el ejercicio de determinados actos que, por su trascendencia, complejidad o gravedad, requieren de una capacidad que los propios padres adolescentes carecen, debiendo integrarse el consentimiento de los progenitores adolescentes con el asentimiento de –alguno- de los abuelos, o la autorización del juez en caso de conflicto. A tal efecto, el Proyecto ejemplifica algunos actos, como la entrega del niño con fines de adopción, o el supuesto intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, dejando abierta la posibilidad cualquier otro “u otros actos que pueden lesionar gravemente sus derechos.”

En otro orden, desde el plano de la técnica legislativa, el art. 644 supera las desigualdades generadas por la normativa actual, en torno a la aplicación de esta figura. Así, en consonancia con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación establece el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, con independencia de la forma de organización familiar que estos adopten. De esta manera, zanja las discusiones en torno al actual art. 264 que introduce una diferencia en el trato en ambos extremos de la relación filial[2] al circunscribir la aplicación de esta figura al supuesto puntual de los hijos extramatrimoniales de padres adolescentes.

El artículo proyectado supera un segundo escoyo al establecer el ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de ambos progenitores con las pautas y restricciones establecidas, sin perjuicio de la capacidad civil de éstos, y hasta tanto ambos alcancen la mayoría de edad. De esta manera, se procura lograr un equilibrio entre los progenitores, particularmente en favor de aquel que todavía no alcanzó la mayoría de edad.

Asimismo, el Proyecto coloca en un plano de igualdad a la línea de los abuelos –padres de los progenitores adolescentes- eliminando toda forma de preferencia a favor de uno u otro, y adoptando un criterio flexible que habilita –y consecuentemente responsabiliza- a cualquiera de estos tanto a oponerse como intervenir en protección de las personas más vulnerables, como así también a prestar su asentimiento en los supuestos de actos jurídicos complejos.

Por lo tanto, el Proyecto de Reforma introduce modificaciones sustanciales al régimen de responsabilidad parental de los progenitores adolescentes, logrando un mayor equilibrio en las relaciones entre los diferentes actores familiares, constituyendo así un paso al frente hacia la construcción de un derecho de familia más inclusivo.

 

[1] Cfr. MINYERSKY, Nelly, Capacidad progresiva de los niños en el marco de la Convención sobre los derechos del niño, en GROSMANM Cecilia y HERRERA, Marisa, (Comp). Hacia una armonización del derecho de familia en el MERCOSUR. Lexis Nexis p. 259

[2] Entre los hijos por un lado, según su condición de matrimoniales o extramatrimoniales, y entre los padres, según estén casados o no, por el otro

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